“La población mundial está en un proceso de envejecimiento que de momento parece imparable y debe considerarse como un gran éxito” (Ana Cabré, Universidad Autónoma de Barcelona).
Existe una larga lista de personas, de trabajadores que por diversas razones iniciaron sus trámites para obtener una pensión o jubilación del Isssteson tras haber dejado el alma y el cuerpo embarrado en el trabajo. El organismo y el ánimo se van agotando y, gracias a la seguridad social, el trabajador puede (y debe) hacerse un lado y pasar a dedicarse a labores personales, acordes con su condición de adulto mayor.
Si la bondad de la teoría de la seguridad social es reconocida, aceptada y aplaudida por todos los gobiernos, nacional e internacionalmente, y se le han consagrado páginas y libros enteros de reconocimiento y apoyo a sus medidas, en la realidad nuestra las cosas lucen de otra manera. Los 30 días dispuestos en la ley del Isssteson para contestar y decidir una solicitud de jubilación se convierten en 60, 180, 240 o más días de angustiosa incertidumbre, mientras el tiempo sigue corriendo y el derecho de los trabajadores a las pensiones y jubilaciones sigue en el limbo.
Mientras el tiempo pasa, la gente resiente el peso de los años y el desprecio de sus empleadores y del instituto que debiera proteger y respetar sus derechos adquiridos durante décadas de cotizar puntualmente. A pesar de que el dinero de los trabajadores es el que sostiene al Instituto, se dan casos en los que el trabajador queda incapacitado y es dado de baja en su empleo por lo que otra persona ocupa su puesto en el trabajo y en la nómina, sin haberse concedido aún la pensión correspondiente. Es decir, el empleado queda desprotegido porque no le paga ni la empresa ni el Isssteson, pudiendo pasar meses y terribles días sin ingresos y en medio de un vacío administrativo que, prácticamente, es una condena de muerte.
Sin embargo, existe una casta privilegiada que goza de pensiones envidiables para el grueso de los trabajadores. No es raro ver pensiones de más de 100 mil pesos, otorgadas a exfuncionarios estatales que, para colmo, aún están prestando servicios y cobrando sueldos igualmente envidiables: saltaron de la nómina del Estado para cobijarse en la federal y la eventualmente discrecional y generosa del Isssteson.
Tampoco es extraño que exfuncionarios universitarios, por ejemplo, pasen de la nómina institucional a la del Isssteson con “derecho adquirido 100%”, es decir, con todo su sueldo, sin la merma del “sueldo regulador”. ¿Con ellos no aplica el criterio de que, “como les descuentan poco, por eso reciben poco”? Siendo el mismo descuento porcentual, ¿por qué el criterio de otorgamiento de la pensión es distinto? ¿Existe una especie de complicidad entre la administración universitaria y la directiva del Isssteson para favorecer a ciertas personas que, según ha trascendido, ni siquiera estaban en la lista de los más de 150 universitarios con solicitud de jubilación con trámite suspendido?
Se tienen detectados cinco casos de personas que obtuvieron en junio el beneficio de una pensión con el 100 por ciento, de acuerdo con documentos oficiales en nuestro poder, entonces, ¿cómo se sostiene el argumento de que “debe firmarse” un convenio que lo haga posible, pagando básicamente más por lo mismo?
El Isssteson, objeto recurrente del saqueo por la camarilla en turno, debe empeñarse en un serio esfuerzo por poner sus cuentas al día y transparentar sus manejos financieros, así como apremiar al gobierno del Estado para que se proceda urgentemente a implementar un mecanismo financiero que permita solventar sus gastos y recuperar el dinero robado. Cabe recordar que el Estado es el garante y responsable de la seguridad social de los sonorenses, y que cuenta con recursos legales para recuperar los fondos sustraídos, fincar responsabilidades administrativas y penales, hacer eficiente el gasto, mejorar la prestación de servicios y no sólo mantener, sino mejorar las condiciones de jubilación y pensión de los trabajadores.
¿Por qué se opta por salidas facilonas, fincadas en criterios puramente actuariales que resultan absurdos porque el problema es político y humano? ¿Por qué se pretende echar la responsabilidad de la recuperación de los fondos pensionarios a las empobrecidas economías familiares de los trabajadores que cotizan cada semana o cada quincena al Instituto que ahora parece darles la espalda mediante un incremento en sus cuotas? ¿Es culpa de los trabajadores que los patrones, quienes administran la nómina, no cumplan con sus aportaciones al Instituto?
No es raro que, en pláticas, incluso entre sindicalistas, se escuche de repente la manida explicación de que, “como ha aumentado la esperanza de vida, los costos de las pensiones son más altos y por eso ya no alcanza”. De repente el trabajador se coloca en el banquillo de los acusados y, prácticamente, se declara culpable de ejercer un derecho laboral y social adquirido tras décadas de aportar su esfuerzo productivo y sus cuotas a la seguridad social. ¿Se habrán puesto a pensar que, nacionalmente, el gobierno entregó los ahorros de los trabajadores a las administradoras privadas para que hagan el negocio de sus vidas? ¿Sabrá que el monto del ahorro pensionario es de casi tres billones de pesos, y que Hacienda todavía quiere que aporten más a través de incentivar el “ahorro voluntario”? ¿Tendrán idea de que la esperanza de vida es producto de la cantidad y calidad del esfuerzo productivo de los trabajadores aplicado en gasto en ciencia, tecnología e innovación? ¿Alcanzarán a entender que el producto social es posible gracias al trabajo como generador de valor?
Y qué decir del caso Sonora, donde desaparecieron algo así como cuatro mil millones de pesos que debieron dedicarse a la seguridad social, en infraestructura, cuadros de medicamentos, abasto de materiales de curación y medicamentos suficiente y oportuno, cantidad y calidad en la cobertura médica, sueldos y salarios justos para el personal de salud, plazas suficientes y, sobre todo, pensiones y jubilaciones dignas, que garanticen una mejor calidad de vida para quienes han dado su vida laboral al progreso de Sonora. Aquí, los sindicatos y organizaciones gremiales y sociales tienen la obligación suprema de defender los logros y conquistas de los trabajadores. La moneda está en el aire.
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