¿Los universitarios viejos son desechables?
Dr. José Darío Arredondo López
“Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara” (Michel de Montaigne).
Uno de los rasgos más absurdos del pragmatismo neoliberal lo encontramos en el trato a los adultos mayores, donde la demagogia de la inclusión choca con la realidad de los procesos de exclusión que atiborran el saber y el hacer de las burocracias, que incluyen vergonzosamente a la universitaria. Los académicos jubilados son condenados a una muerte anticipada a manos de la administración que guarda y dispone de los expedientes y cuida la integridad del muro de contención puesto para evitar compromisos y borrar de la memoria deudas y gratitudes: no hay lealtad salvo en los discursos; no hay solidaridad a menos que exista presión social que la obligue; no hay lazos transgeneracionales, salvo en el esquema de complicidades que teje la alta burocracia con sus sucesores.
Según estudios internacionales, la población considerada de tercera edad va en aumento por diversos factores, entre los que se encuentra el incremento de la esperanza de vida por la mejora de las condiciones que la hacen posible. La oferta de servicios de salud, vivienda, educación y empleo, al menos en su cobertura básica, han sido preocupación de los gobiernos de los países agrupados en la ONU y OCDE, independientemente del carácter de la seguridad social ofrecida, que puede ser pública, privada o mixta.
Si bien es cierto que la oferta de seguridad social ha transitado de lo público a lo privado y que en países como Estados Unidos si no se tiene la cobertura de un seguro la gente se puede morir por falta de atención médica, hay otros en los que la cobertura de salud es gratuita por el solo hecho de ser nativos del país; asimismo, tenemos países donde sus servicios tienen un componente público y otro privado, completando un panorama complejo cuya característica es la heterogeneidad. Aquí resalta el hecho de que muchos países que privatizaron los servicios ligados a la seguridad social y donde emergieron los sistemas de pensiones privados que en México tienen la forma de Afores, ahora tienen que reconocer que dichos sistemas han fracasado y se encuentran completamente desacreditados. En nuestro caso, es cada vez más claro que el sistema privado de pensiones no ha funcionado ya que condena a los ahorradores a la miseria y a vivir el resto de su existencia en forma precaria e insolvente, por lo que se concluye que el Estado debe reasumir su responsabilidad en materia de seguridad social y honrar los acuerdos que se tienen firmados con la ONU y la OIT entre otros organismos, donde el gobierno mexicano se obliga a proveer lo necesario para garantizar los derechos de los adultos mayores.
Es evidente que el reconocimiento de las conquistas laborales y las relativas a la protección y salvaguarda de la tercera edad choca con el pensamiento neoliberal que convierte al sujeto portador de derechos en “cliente”, por lo que la relación resulta eventual y sin obligación alguna para con los usuarios de los servicios y, por tanto, se considera a la seguridad social no como como un derecho humano ni una conquista laboral y social sino como una “opción”, ligada a la capacidad económica y de acceso a los mercados que tenga el trabajador. Tal concepción cruza la lógica de las negociaciones de los contratos colectivos y, desde luego, las revisiones salariales que deben realizar periódicamente, entre otros, los trabajadores universitarios.
En la actualidad, la Universidad de Sonora y sus dos sindicatos, STAUS y STEUS, están en el arduo proceso de las negociaciones que, lamentablemente, describen un camino sinuoso y lleno de obstáculos. A las demandas económicas la administración responde que no cuenta con recursos, mientras que opta por no reconocer las violaciones al contrato colectivo de trabajo que señala la parte sindical, así como remitir las decisiones unilaterales tomadas en perjuicio de los trabajadores académicos a la exclusiva competencia de los órganos colegiados, lo cual manifiesta una disposición esquizoide a la par que un evidente desprecio por los intereses de los trabajadores. Si es así con los académicos activos, la cosa no es mejor para los pensionados y jubilados porque, en cada intento de incorporar este sector a los beneficios logrados por los sindicatos (como son, entre otros, los descuentos en eventos y servicios que proporciona la universidad y que están contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo) la respuesta ha sido negativa.
La administración prácticamente ha declarado la inexistencia de los universitarios retirados a pesar de los elogios a la antigüedad y a las aportaciones de las viejas generaciones, y de estar aportando una pequeña cantidad mensual por concepto de despensa y la correspondiente al fondo mixto que sirve como complemento a la exigua pensión que reciben del ISSSTESON, sin contar el llamado estímulo a la jubilación que, como los anteriores, está establecido contractualmente. Con esto, se puede afirmar que la institución se debate en una lucha entre conservar sus raíces humanistas y honrar su historia y compromiso o aplicar la torva y excluyente política de corte neoliberal que cosifica a sus trabajadores y privilegia el boato comodón y ridículo de una administración que sofoca y margina a quienes hicieron y hacen posible el cumplimiento de las funciones sustantivas institucionales y emplea recursos en beneficio de la apariencia, en evidente olvido de aquello que en otros tiempos marcaba su misión: “El saber de mis hijos hará mi grandeza”. Hoy, mientras la academia languidece la burocracia engorda.
El sindicato académico STAUS ha acordado que el 2 de abril será la fecha del emplazamiento a huelga. El reloj está marcando la cuenta regresiva y, como le decía al principio, la seguridad social es considerada por los administradores neoliberales de huarache como una “opción” sujeta a las leyes del mercado mientras que relativizan los derechos laborales y sociales conquistados por los trabajadores, en evidente pugna con quienes, como los universitarios, tienen reclamos fundados tanto en el derecho como en la lógica de los cambios nacionales y están dispuestos a dar la batalla por mejorar las condiciones de vida de la actual y de las nuevas generaciones de trabajadores, actualmente ninguneados tanto por las autoridades universitarias como por las del ISSSTESON. Es claro que la lucha de los universitarios debe ser por el futuro, por lograr una institución y una sociedad incluyente, democrática y justa para todos, lo cual plantea la necesidad de tomar las medidas legales y políticas a que haya lugar.
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