“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política” (Simón Bolivar).
Actualmente la seguridad social parece ser un tema molesto y un problema solamente financiero en Sonora, del cual el gobierno trata de desembarazarse y esconder bajo la alfombra de la miopía aritmética de que hace gala la actual directiva de ISSSTESON, dejando de lado los muy importantes aspectos sociales, políticos y de derechos humanos que entraña.
Al respecto, cabe recordar que en 2005 el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, impulsó la reforma de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), entidad descentralizada responsable de la seguridad social de los trabajadores del Estado y organismos afiliados. Dicha reforma tiene un fuerte acento recaudatorio ya que aumenta tanto el tiempo de cotización como las cuotas que deben cubrir los trabajadores sin necesariamente una mejora en la prestación de los servicios a que tienen derecho. La Universidad de Sonora (UNISON) es un organismo afiliado al ISSSTESON de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios firmado por la institución universitaria y el ISSSTESON en 1990, el cual tiene plena vigencia debido a que no se ha suscrito un convenio que manifiesta la voluntad de las partes en cambiar las condiciones pactadas.
A pesar de que existe el principio de no retroactividad en la aplicación de las leyes, consagrada en el párrafo primero del Artículo 14 Constitucional, el gobierno de Sonora insiste en ignorar el derecho que asiste a los trabajadores de cubrir las cuotas establecidas en la ley y pactadas en el Contrato vigente con ISSSTESON y recibir, sin condicionamientos ni limitaciones, las prestaciones en materia de seguridad social correspondientes a su calidad de afiliados y exige el pago de acuerdo con la ley reformada en 2005, siendo que la primera generación de trabajadores que se deberá sujetar a este ordenamiento es la que saldrá en 2040 o en 2038, ya que la reforma establece el tiempo de cotización de 35 y 33 años para hombres y mujeres respectivamente. Como consecuencia de esta aplicación retroactiva de la ley, los trabajadores pensionados y jubilados de la UNISON reciben, aproximadamente, el 63 por ciento de lo que debieran recibir de pensión mensual, quedando en estado de indefensión ante el Instituto de Seguridad Social y el gobierno del cual depende. Lo anterior significa un severo golpe a la economía familiar y una evidente violación a la ley.
En ejercicio de su derecho, los pensionados y jubilados universitarios y de otros organismos afiliados han acudido a la promoción de demandas de nivelación pensionaria, mismas que han logrado el fallo favorable para el demandante en 210 expedientes, estableciendo un precedente importante para los intereses de los afectados. Esta situación cambió radicalmente con la llegada de la gobernadora del PRI Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, quien al parecer decidió dar palo a las demandas de los afectados. Su gobierno se ha caracterizado por la presión y el hostigamiento a los organismos afiliados que no acceden a modificar su contrato o convenio de prestación de servicios con el ISSSTESON, ignorando el hecho de que el contrato o el convenio son, esencialmente, acuerdos de voluntades donde los firmantes están en igualdad de condiciones y ninguno de ellos tiene porqué sujetarse a la voluntad o capricho de la otra parte.
La presión del ISSSTESON hacia los organismos afiliados se ha manifestado en forma de una lentificación de la resolución de las solicitudes de pensión o jubilación mucho más allá del término que la propia ley establece, así como el condicionamiento de éstas y del acceso a los servicios de salud a la firma de un nuevo convenio a modo y que tiene por finalidad sacar de los trabajadores más recursos a cambio de los mismos deficientes y precarios servicios que actualmente proporciona. Curiosamente, se han suspendido los fallos correspondientes a las demandas de nivelación pensionaria en las instancias legales del Estado, remitiéndose los expedientes a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por el Ministro Eduardo Medina Mora. Es importante hacer notar que el actual director del ISSSTESON, Pedro Ángel Contreras López, ha declarado a los medios informativos que espera “buenas noticias” de la SCJN referidas al caso de las demandas pendientes, lo cual significaría un “ahorro” sustancial para el Instituto pero un evidente golpe a los derechos de los trabajadores.
Cabe recordar que al final del sexenio de Guillermo padres Elías, gobernador emanado del PAN y actualmente sujeto de investigación penal, se dio a conocer un daño patrimonial del ISSSTESON por más de seis mil millones de pesos, en donde se señalaba como responsables del desfondo pensionario en perjuicio de los trabajadores a la directora general del organismo, al Secretario de Hacienda estatal y al propio Gobernador del Estado, cuestión ampliamente difundida en diversos medios informativos locales y nacionales. En este contexto, resulta preocupante que exista la intención de burlar “legalmente” el derecho de los pensionados y jubilados por parte de las autoridades estatales mediante la posible emisión de un criterio jurisprudencial de la SCJN favorable al Instituto.
Concluimos recordando que existen 210 casos resueltos a favor de los demandantes. Este fuerte precedente no debe ser ignorado por la SCJN ni servir de garrote contra los trabajadores en manos del cuerpo directivo del ISSSTESON. Tenemos serias dudas sobre la imparcialidad y buen juicio del Ministro Medina Mora con base en sus antecedentes, por lo que existe el fundado temor de que se puede prestar a una burda y condenable maniobra “legal” contra los pensionados y jubilados. La comunidad sonorense en general y los afiliados al ISSSTESON en particular merecen respeto. ¿Será capaz el gobierno estatal de honrar su compromiso legal y político con los sonorenses? Hasta el momento no lo parece.
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