Da la impresión de ser una buena persona, que no le haría mal a nadie, y que busca el bien de todos. Es la imagen, bien cuidada, que se ha proyectado de una maestra que hasta hace poco más de un año era una desconocida fuera del área de las ciencias económico-administrativas de la Universidad de Sonora. Nos referimos a la rectora, Dra. Dena Camarena.
Pero en este caso, como en otros, tal vez habría que aplicar el conocido refrán, “caras vemos, corazones no sabemos”, al menos en lo que se refiere a la conducción de nuestra institución, y más específicamente al trato que da su administración al personal administrativo y al personal académico.
Cuando uno la ve y escucha en el video que se publicó en los medios de la UNISON, algo no embona y eso lo notó el público. Los comentarios de muchas personas hacia ella fueron duros y directos, algo a lo que no está acostumbrada.
Llama la atención la frescura con la que la rectora afirma que no existe sustento legal para la suspensión de actividades por el STEUS. Frescura que choca con el hecho de que fue la oficina del abogado general, Dr. Rafael Ramírez Villaescusa, nombrado e instruido por ella, quien le proporcionó al Juez el requisito (no haber incluido las direcciones de todos los campus que se cerrarían si se decidiera estallar huelga) para archivar el expediente del emplazamiento a huelga del STEUS.
Resulta que ese requisito no está en la Ley Federal del Trabajo, y nunca se había exigido. Además, el Juez “A” del Primer Tribunal Laboral, Mtro. Gustavo Enrique Llinas Soto decidió archivar el expediente semanas después de que había dictaminado que el emplazamiento cumplía con todos los requisitos, y, por si fuera poco, lo hace un día antes de la fecha fijada para el estallamiento. Esta acción deja mucho que pensar tanto del Juez, como de la administración universitaria.
No se esperaría que alguien que proyecta una buena imagen, pueda ser la misma persona que dirige un equipo que tiene por estrategia endurecer su posición en la mesa de negociación, llevar al límite, soltar una propuesta de última hora, junto con el golpe ilegal de archivar el expediente del emplazamiento.
Tal vez lo más grave es la violación al derecho de huelga, derecho constitucional logrado a sangre y fuego en nuestro país. Es algo muy grave para las y los trabajadores en Sonora. Y qué decir de la lección que le están dando al estudiantado, muchos se pudieran preguntar ¿valen más las influencias que nuestra Constitución y el estado de derecho?
La misma estrategia sigue la rectoría en la mesa de negociación con el STAUS. Se ha observado en las escasas reuniones que ha aceptado realizar la comisión negociadora institucional, una posición dura, sin voluntad real de negociación, sin aceptar que están incumpliendo con los acuerdos de la pasada revisión, y sin capacidad real de gestión.
Por su parte, la comisión negociadora del STAUS ha presentado datos del deterioro del 40% del poder adquisitivo del salario del personal académico desde 1990, así como datos que muestran que los salarios tabulares del personal académico de la UABC, el ITSON, la UES e incluso del COBACH, están por encima de los de la UNISON, y ante ello, el Secretario General Administrativo, Dr. Guillermo Cuamea sugirió que nos vayamos a trabajar al COBACH.
¿Cómo es posible que la rectora y su comisión negociadora sigan esta estrategia?, ¿qué no deberían velar por el bien de la comunidad, por el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos?, es claro que sus puestos, sus altos salarios, prestaciones y privilegios, los separan de la mayoría de la comunidad.
¿Cómo saldrá la rectora de la actual situación? Es evidente que no le bastará con su imagen de buena persona, ni con su estrategia dura, tendrá que reconocer que se equivocó, y que la salida implica voluntad y compromisos que no puede desconocer, una estrategia distinta.
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