Que mejor ejemplo de los injustos privilegios que ha provocado la Ley 4, que el resonado caso del ex rector Heriberto Grijalva Monteverde, que vuelve a salir a luz, a raíz del reciente dictamen del incentivo a la jubilación.

Recordemos que, en junio de 2017, al concluir su segundo período como rector, Heriberto Grijalva renunció a la Universidad de Sonora, esto con el fin de conservar su jugoso sueldo como rector a la hora de que le calcularan su pensión por vejez, lo cual ocurrió años más tarde al cumplir el requisito de tener 55 años, logrando con ello una pensión muy superior a la que obtendría con su sueldo como académico.

Para disfrazar sus verdaderas intenciones, Heriberto Grijalva declaró a los medios que renunciaba a la Universidad para permitir que un investigador joven ocupara su plaza. Curiosamente, ya con su renuncia consumada, el siguiente rector, Enrique Velázquez, lo recontrató por honorarios como asesor académico, con un ingreso superior al de la mayoría de los académicos, ¿cómo?, ¿renuncia y recontratación inmediata?

El sueldo de Grijalva como rector era superior al sueldo establecido para ese puesto en el convenio de financiamiento firmado en su momento por la Universidad, la SEP y el Gobierno del Estado.

Uno de ingenuo se puede preguntar, ¿Cómo es posible que Grijalva se auto pagara un sueldo mayor de lo autorizado, utilizando presupuesto para educar jóvenes?, ¿cómo es posible que el siguiente rector lo recontratara por honorarios, sin justificación alguna?, y las preguntas pueden seguir revisando el historial de Grijalva como rector, ¿cómo es posible que Grijalva creara dos secretarías generales adicionales, que no estaban en el organigrama, ni en el convenio de financiamiento, con altos salarios y asignados a dos personas muy cercanas a él?, ¿cómo es posible que Grijalva haya cedido en comodato al Gobierno del Estado el terreno de la Universidad en Puerto Peñasco, valuado en algún momento en 50 millones de dólares?, ¿cómo es posible que Grijalva cediera en comodato al municipio de Hermosillo, el terreno de la Universidad por el Blvd. Navarrete, cerca de la colonia STAUS?, y aquí podemos seguir un buen rato con las preguntas.

Regresando al tema actual, Grijalva, no conforme con obtener una alta pensión se propuso obtener una pensión complementaria y el incentivo a la jubilación, los cuales son programas propuestos por el STAUS y pactados con la Universidad de Sonora, con el objetivo de completar el ingreso como pensionado o jubilado considerando que la pensión del ISSSTESON, antes del convenio de 2019, correspondía aproximadamente al 62% del salario integrado.

Es evidente que esos programas, que implican descuentos para los académicos activos, fueron establecidos para complementar el ingreso como académicos jubilados, nunca fue la intención que se otorgaran a académicos que se pensionaran o jubilaran como funcionarios, con altas pensiones, sin embargo, los reglamentos de esos programas no contemplaron excluir explícitamente esa posibilidad, y ese vacío ha sido aprovechado por Grijalva, Velázquez, Montesinos y otros exfuncionarios, que después de obtener una super pensión reclaman y obtienen estos complementos, ¿hasta dónde llega la avaricia?, ahora a los activos nos descuentan para pagarles sus complementos a estos exfuncionarios, ¿dónde quedó la justicia?

En el caso de Grijalva, su ambición se siente más aberrante, ya que es reconocido como el rector más represivo del período de la Ley 4, no hay que olvidar la saña con la que descontó un día de salario, más la parte proporcional de prestaciones, a los académicos sindicalizados por un paro de labores realizado, entre otras linduras realizadas por este personaje que se benefició con los logros del STAUS (por ejemplo, tiene casa en el fraccionamiento STAUS), pero estando en el poder hizo todo lo posible para acabar con el Sindicato.

Grijalva representa todo lo malo de la Ley 4, los privilegios de una alta burocracia universitaria, la inoperancia de los órganos colegiados, la complicidad de la Junta Universitaria, la exclusión y la cínica violación de los derechos de cuanto universitario se ponga en su camino.

La Ley 4 ha permitido y promovido eso, es una ley obsoleta, propia de períodos oscuros, donde los de arriba actuaban con total impunidad, y los de abajo actuaban con resignación, eso ya quedó en el pasado, menos aquí en la Universidad de Sonora. Es tiempo de cambiar la Ley 4, tirarla al basurero de la historia, donde merece estar.

De la misma forma debemos de cambiar los reglamentos de los programas complementario de pensiones y de incentivo a la jubilación para cerrar la puerta a la avaricia y la injusticia.

La buena noticia es que la comunidad universitaria ya despertó, y ahora sí, que los injustos y abusadores se hagan a un lado porque vienen tiempos de cambio.