“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes”(Martin Luther King, Jr).
Como usted sabe, el instituto encargado de la seguridad social en Sonora (ISSSTESON) cuenta con un boquete en sus fondos pensionarios que no se debe a que son muchos los pensionados y que no han contribuido lo suficiente, sino a que desde el gobierno se emprendió un saqueo sistemático que al término del sexenio de Padrés alcanzó cinco mil millones de pesos aunque la cifra puede ser más alta, lo que es irrelevante ante la importancia de la acción y los medios que se emplearon para logarla y el destino del dinero.
El 2005, con la reforma a la Ley 38, el tiempo de cotización y los montos a pagar por parte de los organismos afiliados y sus trabajadores aumentaron sin que hubiera una razón suficiente y necesaria salvo la de garantizar el dispendio oficial y el encarecimiento de los servicios de salud y el acceso a prestaciones que siendo de justicia laboral y social el Estado debe garantizar. La reforma boursista tuvo un claro interés recaudatorio sin dar a cambio ni mejores servicios ni mayores prestaciones, por lo que se puede considerar en términos netos como una reforma regresiva que relativizó el ejercicio de los derechos de los trabajadores e indujo a aceptar como fatalidad su disminución a la par que la necesidad de emplear cada vez más los servicios privados en salud, farmacia, radiología, hemodiálisis, entre otros. El interés evidente fue el de hacer ingresar más dinero, así como hacer avanzar solapadamente un modelo de asistencia social privada al disminuir la responsabilidad del Estado por la vía de las subrogaciones.
Una consecuencia clara de la reforma fue la de plantear la actualización de los contratos de prestación de servicios entre los organismos afiliados y el ISSSTESON. En este tenor, el Instituto se ha valido de mecanismos de presión tanto ilegales como ilegítimos para forzar la firma de los nuevos convenios que modifiquen las condiciones de acceso y cobertura de los servicios y se ajusten a los fines recaudatorios emanados de la reforma y exigidos por el propio Instituto. La presión ha alcanzado el absurdo de amenazar con la suspensión unilateral de los efectos del contrato vigente si en un plazo perentorio no se firma el nuevo convenio, en una acción de evidente ilegalidad que constituye un atropello a los derechos de los trabajadores afiliados y una afrenta a la sociedad sonorense.
El problema que se plantea es simple: los trabajadores y los organismos afiliados aportan un porcentaje de su sueldo que les es descontado cada día de pago, de manera que el dinero recaudado ingresa al fondo que administra el ISSSTESON mes tras mes y año tras año durante la vida útil de cada generación de derechohabientes, sin embargo, el Instituto exhibe un hueco financiero producto del manejo fraudulento de sus fondos y opta por cargar contra sus afiliados, exigiendo el pago de cuotas más altas; sin embargo, pese a que se denunció públicamente el saqueo de los recursos que son propiedad de los trabajadores, aún no existe un proceso serio de recuperación del faltante y, en consecuencia, los delincuentes gozan de impunidad en el aspecto político y patrimonial.
La anterior situación ha llevado a los organismos afiliados a eventualmente ceder al capricho del ISSSTESON, mediante el acatamiento de exigencias de dudosa calidad moral y legal emanadas de su Junta Directiva. Así, el temor inducido de perder los servicios termina provocando la renuncia de derechos a cambio de soluciones falsas guiadas por las apariencias de conveniencia y las decisiones no informadas, sin excluir la colusión de funcionarios en busca de beneficios personales.
A estas alturas es claro que el actual gobierno no entiende la trascendencia de mantener vigente el derecho de los trabajadores que ha llegado a la amenaza de la suspensión de servicios a quienes no firmen el nuevo convenio, fijando plazos que finalmente son dejados sin efecto o prorrogados, lo que genera incertidumbre y temor entre los organismos afectados. Tales medidas intimidatorias revelan una profunda falta de respeto por parte de las autoridades y una ausencia preocupante de legalidad. Si existe un contrato vigente, el ISSSTESON carece de derecho para suspenderlo de manera unilateral.
La prueba más palpable de la incomprensión o el valemadrismo oficial es el reciente cambio de titular del ISSSTESON, Enrique Claussen Iberri, que pasó a titular de la Secretaría de Salud, siendo relevado por Pedro Ángel Contreras López. Ninguno de los dos es de profesión médica y ahora, tanto la Secretaría de Salud como el propio Instituto están encabezados por un contador público y un especialista en finanzas, respectivamente. El chiste se cuenta solo.
En serio, ¿usted cree que los problemas de la seguridad social se resuelven con recetas neoliberales de cuenta chiles en vez de que el Estado reasuma sus responsabilidades sociales y utilice adecuadamente los impuestos que pagamos? ¿Acaso no es más lógico emplear la seguridad social como un mecanismo de redistribución del ingreso? ¿No se entiende que el ISSSTESON e instituciones similares son importantes para la calidad de vida de la población a través de los servicios que proporcionan? ¿Dónde quedó la dimensión social y política de la gestión pública?
Estamos en vísperas de las campañas electorales, los discursos políticos, las promesas y el gasto enorme que supone la organización, promoción y desarrollo de los comicios. Tenemos una especie de democracia costosa y dudosa, que absorbe recursos que bien pudieran emplearse para resolver problemas reales en poblaciones reales. No hay duda de que la seguridad social es uno de ellos y que su solución requiere de la mayor atención por ser fundamental para la salud y bienestar de los trabajadores y sus familias.
El gobierno de Sonora debe entender esto, y entenderlo bien y rápido, de otra manera los costos políticos de la torpeza y frivolidad administrativa se tendrán que pagar en las urnas electorales y esas, son las cuentas que cuentan. Al tiempo.
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