“La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida” (Bernard de Fontenelle).
Estamos en temporada de enfermedades de vías respiratorias y se pone de nuevo en el tapete de las medidas preventivas las famosas vacunas contra la influenza y demás cachivaches farmacológicos, lo que resulta un jugoso negocio para las empresas que los comercializan y promueven a costa de sufrir la vergüenza de poner por delante las ganancias antes que la salud. “¡Es el mercado!” dirán algunos, pero las narices rojas, los ojos llorosos y el malestar general siguen viento en popa, más los posibles desperfectos en otras regiones de nuestra anatomía con los consabidos impactos en la salud pública.
No es raro que llegue el enfermo al centro de salud y le digan que chupó faros porque el medicamento indicado no se encuentra disponible, o que salió del cuadro básico y su esquema de seguridad social no lo cubre, así que debe emprender una gira por los anchurosos cauces de la medicina privada y la farmacia que los ofrece a precios de “o aflojas o te jodes”. Ni duda que la demanda es inelástica en ciertos productos o servicios, es decir, que independientemente del precio o tarifa siguen siendo comprados porque no hay de otra, como es el caso de medicinas, combustibles, educación, alimentos, transporte, entre otros.
En estos casos, uno se pregunta ¿qué hay de la cobertura social que el gobierno debe atender y a la cual está obligado por obra de acuerdos internacionales, programas de gobierno y el pago puntual de impuestos por parte de la ciudadanía que trabaja y sufre descuentos en nómina, que paga ISR, seguros colectivos, servicios médicos; o, simplemente, predial, servicios, derechos y aprovechamientos y todo el universo de gravámenes que caen sobre los lomos del precariado laboral que sobrevive como ciudadano?
En este escenario, salta la liebre del empleo e ingreso, frente a los costos de la supervivencia ciudadana. ¿Somos un país que fomenta el empleo decente y la justa remuneración al trabajo?, ¿tenemos un gobierno que protege el esfuerzo productivo nacional y cuida la economía familiar?, ¿hay la cobertura necesaria en salud, educación y cultura?, ¿los servicios de seguridad social responden a las necesidades de sus usuarios y obran un efecto redistributivo en la sociedad?, ¿se protege la salud pública mediante programas de medicina preventiva y existen los recursos para satisfacer la demanda de personal, equipo, materiales de curación y medicamentos en clínicas, hospitales y centros de asistencia? ¿México es productor de medicamentos e impulsa la investigación farmacológica y epidemiológica, entre otras? ¿Nuestras escuelas de medicina y enfermería, tienen un enfoque social o son productoras de mentalidades ligadas al mercado?
Recuerdo hace años que se desplegó la alarma general por la gripe H1N1 (gripe porcina), lo que produjo pingues ganancias al laboratorio fabricante de Tamiflu, ligado al entonces vicepresidente de los EE. UU., Dick Cheney. Las autoridades de salud decretaron el uso extensivo e intensivo de dicho medicamento y fue común ver colas de atemorizados ciudadanos que iban a recibir la vacuna contra ese bicho de peligrosidad oficial incuestionable. Otros productos que fueron altamente demandados son los cubrebocas y el gel antibacteriano. ¡Negocio redondo! ¿Beneficios para la salud de los pacientes cautivos e hipocondriacos por inducción? Ninguno que esté debidamente documentado.
En épocas en las que el mercado se pone por encima de los objetivos sociales que cualquier gobierno debiera tener y que justifican la acción pública, no faltan quienes especulan sobre la esperanza de vida de la población con fines de mercadotecnia y, por qué no, recaudatorio.
Lo mismo le dicen a usted que necesita comprar un seguro de vida como integrar un fideicomiso para “la educación de sus hijos”, con lo que reducen la visibilidad de la salud y la educación pública, en beneficio de los agentes privados; y otro reclamo que se oye con mayor frecuencia es el del ahorro.
Gracias al arrebato privatizador del supremo gobierno, los fondos pensionarios pasaron a ser administrados por tiburones trasnacionales que funcionan como bancos o agencias especializadas en esquilmar pensiones. Tenemos las Afores y una serie de intentonas de quebrar los sistemas de seguridad social de los estados, por la vía del saqueo, el abandono del gobierno y la ineficiencia que se induce al desalentar el trabajo profesional de sus servidores, a lo que se agrega la privatización o subrogación de servicios como farmacia, tomografías, hemodiálisis, medicina especializada, pasando por aseo, cocina, ambulancias y seguridad, entre otros.
Así pues, tenemos que los intentos de tronar al ISSSTESON y elevar las cuotas y los tiempos de cotización para el acceso a la seguridad social en Sonora, embarrados en la reforma a la Ley 38 en tiempos de Eduardo Bours, tienen como finalidad enfocar los servicios esenciales de protección al ciudadano trabajador y sus familias al tortuoso ámbito del mercado.
Como es del dominio público, el ISSSTESON ha emprendido una campaña de terror entre los organismos afiliados y sus trabajadores con amenazas de suspensión de los servicios de salud y de pensiones si no se firma un convenio donde las cuotas suben mientras lo demás permanece como está, es decir, con cuadros básicos reducidos, atención diferida para cuando se les antoja, subrogaciones que sólo funcionan con dinero de por medio y, en fin, un panorama de privatización solapada, vergonzante e indignante. La salud, según esta concepción, es un negocio. Nosotros decimos que es un derecho.
Es claro que se trata de una agresión a los principios de solidaridad y subsidiariedad que deben existir entre los trabajadores y sus organizaciones y el Estado en su vertiente social, dentro de la cual se supone está el ISSSTESON. Pero si el pacto social se rompe, entonces sólo queda a los trabajadores la resistencia y la oposición enérgica a lo que es una clara violación a sus derechos laborales y sociales, y la exigencia legal y política de su cumplimiento.
La Universidad de Sonora y las otras instituciones afectadas están obligadas a unir sus fuerzas y decir NO a la arbitrariedad y al abuso. El gobierno del Estado, por su parte, debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y estar al servicio del bienestar ciudadano. La ciudadanía tiene que alzar la voz y actuar en legítima defensa.
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