A las autoridades universitarias jamás les ha interesado el tema de la reforma o cambio de la Ley orgánica número 4, ¿para qué cambiarla, si les ha sido muy útil?

Treinta años de uso de la ley 4, o ley Beltrones, ha posibilitado el fortalecimiento de una alta burocracia con múltiples privilegios: altos salarios, prestaciones y jugosas compensaciones; viajes, con viáticos incluidos, a mundiales de fútbol u otros eventos; colocación de parientes y amigos en el abultado aparato administrativo; discrecionalidad en el uso de recursos; control de los órganos de gobierno; poder con pocos contrapesos; altas pensiones al retirarse laboralmente y después recontratación como asesores; entre otros aspectos.

Ahora, las autoridades universitarias, usando al Colegio Académico (como suelen hacer), promueven una consulta “libre e informada” para elaborar una propuesta de reforma a la Ley 4. Dicha propuesta, por supuesto, será aprobada por el mismo órgano (Colegio Académico) que en el pasado ha jugado el papel de aprobar cambios en la normatividad a favor de la autoridad universitaria y en contra de los derechos de la comunidad universitaria, ejemplos: reforma al Estatuto de Personal Académico, Modelo Educativo 2030, por citar algunos.

Para las y los que hemos dejado de lado la ingenuidad, sabemos que la consulta de las autoridades, vía el Colegio Académico, Consejos Académicos, Consejos Divisionales y Junta Universitaria, no conducirá a un cambio real de nuestra institución; será más bien una propuesta de reforma “cosmética”, donde se cambien aspectos que no disminuyan significativamente el poder de las autoridades.

Los órganos colegiados que emanan de la Ley 4 no tienen posibilidad de representar a la comunidad universitaria, debido a que cuentan con una sobrerrepresentación de los funcionarios, y a que estos últimos son nombrados con el visto bueno de la rectoría; además de otros mecanismos de control que ejerce la alta burocracia, gracias a su hipertrofiado poder.

La “justificación” que dan las autoridades universitarias para realizar la consulta a través de los órganos de gobierno, es que la Ley General de Educación Superior (LGES) así lo estipula; eso último es falso, la LGES en ninguna parte dice que la consulta y la propuesta de reforma la deban de organizar y aprobar los desacreditados órganos de gobierno.

Ante la farsa montada por la autoridad universitaria, procede no participar en la consulta de los órganos colegiados, y por lo contrario, continuar con la consulta directa a la comunidad universitaria, para elaborar una propuesta ley orgánica que incluya la democratización de la Universidad de Sonora y un cambio de rumbo que la convierta en una institución incluyente y comprometida con la solución de la problemática social regional.

Dr. Sergio Barraza Félix

PITC de la Universidad de Sonora

 

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