“Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?”(John Maynard Keynes).
Tenemos la idea de que el trabajo es la condición esencial para tener un ingreso monetario y, por tanto, existencia económica debido a nuestras interacciones en el mercado. Se asocia de manera automática e indiscutible a la remuneración por el tiempo de trabajo invertido en un entorno específico, sujeto a normas y procedimientos que, finalmente, también están determinados por el mercado y, no tanto, por las necesidades humanas. Así pues, la lógica de la oferta y la demanda chupa nuestras energías mentales, emocionales y físicas, en una cadena continua de eventos que van desde la inserción al entorno laboral hasta el fin de la vida productiva.
En este contexto, el hombre nace predestinado a trabajar para vivir, es decir, a depender de factores externos de índole económica para resolver sus necesidades materiales y no tanto para desarrollarse como persona; esto es, que en el plano emocional, social y político tenemos un déficit de atención que nos hace adolescentes crónicos echados a puntapiés en el camino en construcción de lo humano.
Lo anterior da cuenta de un grado de enajenación que convierte en paria al trabajador, bajo la férula de un patrón y de un sistema que decide el bien y el mal para su empleado. Este sistema de exclusión, de privación de derechos laborales y sociales que, en resumidas cuentas, lo es de derechos humanos, conforma e impone una mentalidad siempre subordinada, siempre expectante de las decisiones externas que considera de obligado acatamiento. Así, los derechos de los trabajadores son percibidos como una graciosa concesión del capital y la empresa el vínculo más eficiente de éstos con la realidad social que es interpretada de acuerdo con la lógica del mercado.
En este contexto, el trabajo se convierte en una obligación vital en términos de la supervivencia en una sociedad ajena y hostil, solamente vivible mediante la posesión de medios de producción de mercancías, dinero para adquirir bienes y un conjunto de normas jurídicas que ponen muy en claro la frontera entre lo propio y lo ajeno, con exclusión discreta o evidente del desarrollo de lo humano. Lo anterior es claro si consideramos que la naturaleza de las reformas laborales de nueva generación ha subrayado el peso del Mercado sobre el Estado y, consecuentemente, la preeminencia del capital sobre el trabajo.
Recientemente se ha ventilado la posibilidad de un aumento en el salario mínimo, incluso por parte de organismos patronales; pero al mismo tiempo los empresarios aplauden sin recato las reformas legales que hacen posible el despido de los trabajadores sin responsabilidad para ellos, así como mayores facilidades para contratar sin la obligación de reconocer antigüedades ni derechos adquiridos, además de las generosas devoluciones de impuestos con que son premiadas las empresas por cumplir con lo que legalmente es su obligación. Vemos, pues, que mientras los salarios y los derechos laborales van a la baja, los precios de los bienes de consumo popular suben, al igual que las tarifas de los servicios, lo cual hace posible que cada aumento anunciado se nulifique casi de inmediato en una carrera donde el que pierde es el trabajador.
Tenemos un trabajo devaluado frente a un mercado cada vez más exigente, lo que da por resultado un sistema de exclusión económica y social que afecta enormemente los valores de una sociedad que se dice democrática: la esclavitud salarial es una condena de por vida que sufre el productor directo que ve reducidas sus expectativas de bienestar y progreso. Consecuentemente, el aparente ahorro de las empresas por concepto de remuneraciones al factor trabajo se convierte en un decremento de la demanda de los bienes y servicios que el sistema produce, con lo que la oferta tiene, por necesidad, que reducirse con graves consecuencias para los costos de operación de las unidades productivas y finalmente para su supervivencia. El tejido social se rompe y tenemos cuadros de violencia e inseguridad pública que ameritan la revisión del modelo y rectificar la política laboral y salarial, tanto como la seguridad social como mecanismo de redistribución del ingreso y, por consecuencia, de estabilidad social. Llegados a este punto, debemos pensar seriamente en que la fortaleza de la seguridad social depende de la calidad y la cantidad del empleo, tanto como su defensa por parte de las organizaciones de los trabajadores.
Si tenemos empleo precario e ingreso por debajo de la línea de pobreza en un alto porcentaje de la población nacional, ¿cómo se puede pensar que los sistemas de seguridad social puedan ser sostenibles? ¿Cómo es posible que el gobierno pretenda hacer caer sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la corrupción y pésima administración de la seguridad social? ¿Podrá, un gobierno responsable, pensar que la inconformidad social se resuelve con leyes que autoricen el uso de la fuerza armada, o que silencien a los críticos del sistema y sus representantes? Desde luego que no.
En la actualidad, las organizaciones representativas de la clase trabajadora son el enemigo que vencer del sistema a la par que son, paradójicamente, su mayor sustento. Lo anterior se debe a que los sindicatos son el frente de defensa de los derechos colectivos, pero al mismo tiempo la maquinaria más eficiente de manipulación y mediatización de la voluntad de los trabajadores. En ese sentido, el peso legal y político de sus demandas depende, para efectos prácticos, de la acción o inacción de las organizaciones por cuanto que éstas pueden hacer visible un problema que puede resolverse, o no, en plazos menores que si fuesen abordados por cada uno de los afectados.
En Sonora, ante las reiteradas amenazas de suspensión de los servicios de seguridad social del ISSSTESON, en un acto de absurda violación de la legalidad que tanto se proclama por el actual gobierno de Sonora, los sindicalistas universitarios se han pronunciado por un rotundo no a la exigencia de que la Universidad de Sonora firme un convenio abusivo y desproporcionado. Cabe recordar una vez más que existe un contrato firmado con ISSSTESON en plena vigencia y cualquiera sabe que mientras que una de las partes interesadas no acceda a modificar los términos del contrato, éste sigue normando la prestación de los servicios contratados.
La directiva del ISSSTESON puede incurrir en un gravísimo error no sólo legal sino político al desconocer unilateralmente sus obligaciones y ser, por tanto, objeto de demandas por incumplimiento de contrato y lo que resulte en perjuicio de los trabajadores derechohabientes. Como hemos señalado en otras ocasiones, la organización de los trabajadores y su defensa de los derechos colectivos, laborales y sociales es fundamental.
De última hora: el propio lunes 8 del presente, fecha en la que los sindicatos universitarios realizaban una rueda de prensa sobre el problema en comento, el director del ISSSTESON, Enrique Claussen, comunicó que dejaba sin efectos la suspensión de los servicios y planteaba una próxima reunión para buscar alguna forma de acuerdo entre las partes. Le decimos al señor Claussen que la mejor forma de llegar a acuerdos es cumplir con la ley y dejarse de amenazas, fintas y manipulaciones. Más seriedad.
Contactanos!!!! 
