Esta crisis evidencia que es una suerte tener un sistema de pensiones; sin él hoy estaríamos en una situación más dura en términos sociales" (Carles Campuzano, CiU)
Como estamos en tiempos donde las iniciativas y las reformas a las leyes están de moda y donde la relativización de los conceptos se considera una actitud de avanzada, propongo que transitemos por la vía de las reivindicaciones sociales, antes que sobre las cenagosas latitudes de la “armonización” con las ideas del polo neoliberal de la sociedad. Veamos, por ejemplo, cómo resolver de buena manera la situación del ISSSTESON y de los organismos afiliados, que actualmente se debaten en un “estira y afloja” cuyo sello característico es, por un lado, el afán recaudatorio del Instituto que ha sido uno de los peores ejemplos en materia de administración sana de recursos en la historia reciente de la esquizofrenia prianista y, por otro, la reacción defensiva de los afectados.
No cabe duda de que la seguridad social no es solamente un “tema” sino un problema que afecta a todos los ciudadanos, por lo que debiera ser un asunto prioritario en todas las discusiones de índole político que actualmente se incuban por el pretexto de la temporada preelectoral. Los partidos se encuentran empeñados en sacar, por lo menos, su cuota de votos para seguir gozando de las prerrogativas oficiales, frente a un electorado cada vez menos permeable a los discursos y a las promesas de campaña, pero solamente atinan a discurrir por los mismos derroteros que marca la obviedad: seguridad pública, corrupción y una vaga promesa de cambio, pero un gran problema que debe tener mayor visibilidad y abordarse públicamente es el de la seguridad social.
En el caso de Sonora, tras el nefasto antecedente de la reforma federal a la seguridad social perpetrada en 1997 y su cauda privatizadora, se dio la reforma a la Ley 38 del ISSSTESON en 2005, con lo que se aumentaron las cuotas para los organismos afiliados y sus trabajadores y el tiempo de cotización, además de que se incorporó el concepto de “sueldo regulador” (artículo 68), lo que tiene por propósito alejar el disfrute de la jubilación y reducir el monto de la pensión del trabajador.
Por lo que corresponde al “sueldo básico integrado”, que es la base de cotización, la ley reformada lo deja al libre juego de las circunstancias, ya que lo remite a los convenios que cada organismo celebre con el Instituto, al contrario del mismo artículo 15 (párrafo tres) antes de la reforma que lo establecía en la misma ley.
Tenemos una ley abusiva y desproporcionada, que aleja al ISSSTESON de los fines sociales y redistributivos que debe perseguir al hacer recaer sobre los trabajadores el peso de los fallos en el diseño de política económica y los problemas derivados de la corrupción y la falta de transparencia, contraviniendo las disposiciones consagradas en los acuerdos internacionales firmados por nuestro país.
Es claro que los trabajadores no son responsables del rescate de instituciones quebradas gracias a la rapiña y el manejo desaseado de sus recursos que, por otra parte, son producto del esfuerzo de sus propios afiliados, razón por la cual no tienen ni deben pagar por los platos que otros rompieron porque son, en realidad, las víctimas del latrocinio y la corrupción que se da a la sombra del poder sexenal.
Tras el escandaloso desfondo del ISSSTESON y sus afanes recientes de hacer firmar un convenio a sus afiliados, su política es, por decir lo menos, éticamente cuestionable. Cabe recordar que la defensa de la seguridad social se fundamenta en la de los derechos humanos, y el derecho a la salud y la seguridad de una vida digna tras el retiro es y debe ser la garantía con la que cuente cualquier trabajador que ha aportado su esfuerzo productivo y económico durante décadas al desarrollo nacional y local.
Es claro que las organizaciones sindicales y sociales respetuosas de los principios de la democracia y los derechos laborales y sociales de sus agremiados, deben pasar lista de asistencia y decir ¡presente! en la lucha que el Estado neoliberal ha declarado contra los trabajadores y sus familias, considerando que la capacidad adquisitiva del salario se ha reducido sustancialmente en las últimas tres décadas, y que la precarización del empleo y la política de topes salariales profundizan las diferencias y destruyen el tejido social, haciendo imposible la sana convivencia y el imperio de la ley.
Por razones de elemental justicia, debemos decir NO al abusivo convenio que propone el ISSSTESON, y buscar las vías legales y políticas para impulsar un régimen de seguridad social basado en los principios de la equidad contributiva y la solidaridad distributiva, lo cual implica, entre otras cosas, impulsar desde las organizaciones de los trabajadores una reforma a la Ley 38, que rescate los principios de la seguridad social que fueron abandonados con la reforma de carácter recaudatorio del 2005. El sindicalismo universitario puede y debe aportar su mejor esfuerzo y dar el ejemplo en esta lucha.
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