“La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido” (Milan Kundera).
Suenan los botones de alarma ante la imposición de un nuevo contrato de prestación de servicios del Isssteson, donde la novedad mayor es la exigencia de más dinero por recibir el mismo servicio. La carga tanto para las instituciones como para los trabajadores sube mientras que la responsabilidad, acceso a los servicios y satisfacción de los usuarios permanece, en el mejor de los casos igual. Paralelamente a esta amenaza, los derechohabientes sufren la política del no-hay, como si fuera una respuesta aceptable para los miles de trabajadores que ven que religiosamente cada quincena llega con los descuentos de rigor por conceptos de salud y pensiones y jubilaciones, entre otros conceptos.
Resulta curiosa la exigencia a la Universidad de Sonora (UNISON), por ejemplo, de suscribir un nuevo contrato de servicios, siendo que la Ley del Isssteson solamente obliga a los nuevos organismos a la firma del contrato de prestación de servicios y el acatamiento de las condiciones marcadas por éste y la propia legislación para poder ser incorporados y disfrutar de las prestaciones objeto del contrato. Quienes ya están afiliados, en todo caso, solamente deben cumplir con los pagos pactados y proporcionar la documentación actualizada de su nómina para recibir los servicios enumerados en el clausulado, como son los de servicios médicos, pensiones y jubilaciones, incapacidades, gastos funerarios, préstamos, entre otros también importantes. Ningún organismo tiene por qué hipotecar su futuro firmando una especie de cheque en blanco, como se pretende en el formato del nuevo contrato.
En una revisión a vuelo de pájaro del contrato de 1990 y de la abusiva versión 2017, se puede ver lo siguiente: en el renglón de servicios médicos, el pago exigido a la Unison pasa del 11 al 20 por ciento del sueldo básico integrado por cada empleado registrado; en materia de pensiones y jubilaciones, pasa del 8 al 27 por ciento, lo que permite suponer que los costos de la recuperación de los fondos pensionarios robados en el Isssteson, deberán recaer en los propios dueños del ahorro sustraído. También llama la atención que ahora se ha añadido un cobro más al trabajador: 2 por ciento por infraestructura. ¿No es una institución pública del pueblo y para el pueblo trabajador que la sostiene con sus cuotas? ¿Por qué se cobra por infraestructura a los ciudadanos legalmente dueños y derechohabientes del instituto? ¿No le huele a privatización sigilosa y vergonzante, a juzgar por el discurso oficial que busca maquillar la opacidad y el agandalle?
Para acabar de documentar el pesimismo, le daré detalles sobre los cargos anteriormente citados. En el instrumento de 1990, la administración universitaria paga 10 por ciento por concepto de servicios médicos, mientras que los trabajadores deben aportar el 1 por ciento. En la propuesta de 2017, la administración universitaria debe aportar el 14.5 por ciento, y los trabajadores el 5.5 por ciento. Del 11 pasa al 20 por ciento. En materia de pensiones y jubilaciones, tanto la administración como los trabajadores actualmente pagan 4 por ciento y, de firmarse el nuevo contrato, la administración pagaría 17 por ciento, debiendo aportar los trabajadores otro 10 por ciento. Así, pues, tenemos un salto del 8 al 27 por ciento que, como queda dicho, desprende un fuerte olor a privatización.
En medio de todo este barullo, lo más preocupante es la constancia de abuso de poder al servirse el Isssteson de mecanismos de presión indignos de una institución social: a pesar de que en abril se “resolvió” el problema de la suspensión de los trámites de jubilación al personal de la Unisón, tras haberse pagado una parte del adeudo que la administración de Heriberto Grijalva tenía registrada en las cuentas del Isssteson, según declaró ufano el director Claussen en rueda de prensa fuera de sus oficinas, con la asistencia de los secretarios generales del STAUS Y STEUS, la cosa sigue igual. Solamente se están liberando de tres a cinco dictámenes por mes, y cabe considerar que en la UNISON se tienen alrededor de 150 solicitudes con trámite suspendido.
Cualquiera pudiera pensar que la expectativa de Claussen y el instituto que dirige, es la de que empiecen a hacerse menos los solicitantes por muerte prematura, incentivada por la desesperación y el abandono institucional. De igual forma, pudiera suponerse que las maniobras de prolongar el tiempo de emisión de los dictámenes y la desvergonzada suspensión de los trámites cada que se les antoja, constituyen medidas de presión para “ablandar” a las autoridades administrativas de la Universidad y, de rebote, los sindicatos, con el fin de que se “resuelva” el problema de una vez por todas mediante la firma de un contrato nuevo que va a dar, en el mejor de los casos, lo mismo, pero más caro. Cabe señalar que se han precarizado los servicios por el deterioro a que han sido sometidos y los esfuerzos privatizadores en forma de subrogaciones, no sólo de atención médica sino de servicios como farmacia, por ejemplo.
Es importante y urgente que los trabajadores en general y en particular los sindicalizados, rechacen enérgicamente las medidas absurdas que implementa el gobierno y que lesionan gravemente la calidad de vida al afectar los servicios de salud y la seguridad social de los sonorenses. El nuevo contrato es inconveniente porque no implica mejoras significativas en las prestaciones a que se tiene derecho, en cambio los costos se elevan desproporcionadamente. Recordemos que la fuente de los derechos es el Contrato Colectivo de Trabajo y, hoy más que nunca, es necesaria la defensa de los logros colectivos de la clase trabajadora afiliada al Isssteson.
La sociedad sonorense en general debe valorar la necesidad de defender los espacios de beneficios colectivos y apoyar a los trabajadores que hacen posible que las instituciones económicas y sociales de nuestro estado y el país funcionen. Es evidente que la ola privatizadora sólo ha servido para beneficiar a las transnacionales y a una minoría traidora a su servicio. Ya basta.
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