“Nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal” (Martin Luther King).
Como usted sabe, los pensionados y jubilados de la UNISON no reciben el 100 por ciento de su salario por concepto de pensión de retiro, reciben menos porque tras la reforma de 2005 a la Ley 38, hubo un incremento de las cuotas y aportaciones de los organismos afiliados a ISSSTESON, que subieron del 24 al 47 por ciento, pasando el rubro de pensiones y jubilaciones del 8 al 27 por ciento. En el caso de la Universidad de Sonora, está vigente un contrato de prestación de servicios con ISSSTESON, por el cual tiene derecho a recibir los servicios de salud y seguridad social que proporciona el instituto a sus derechohabientes mediante el pago de cuotas y aportaciones por el 26 por ciento del sueldo básico integrado del trabajador, correspondiendo a rubro de pensiones y jubilaciones el 8 por ciento. Lo cierto es que los trabajadores que se han retirado del servicio activo han visto disminuidas sus pensiones aproximadamente en un 35 por ciento, quedando con una pensión del 65 por ciento de su sueldo, hasta antes del 1 de mayo del presente año donde las pensiones universitarias sufrieron una pérdida del 70 por ciento. Por ejemplo, un académico con 30 años de antigüedad que debiera recibir $29,062.17 ahora recibirá $8,611.01, es decir, bajó su pensión en 70.4 por ciento. Ahí están los números, pero el problema real, de fondo, es político, es de justicia social, es humanitario.
Como usted seguramente está enterado, el marco legal en el que ingresaron las generaciones que se están jubilando es la Ley 38 anterior a la reforma de 2005, así como el Contrato de prestación de servicios UNISON-ISSSTESON suscrito en 1990, vigente en la actualidad y cuya modificación sólo puede ser producto de un acuerdo de voluntades entre las partes que lo suscriben y, por otra parte, recordará que las normas jurídicas no pueden aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna, según dispone el artículo 14 constitucional. En este contexto, muchos derechohabientes reclamaron en años recientes la nivelación de las pensiones, en apego estricto a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 68 de la propia ley anterior a la reforma. En Sonora se lograron 210 fallos a favor del trabajador demandante, sólo que el gobierno del Estado, encabezado por Claudia Pavlovich, manipuló políticamente para lograr que la sala segunda de la SCJN dictara un criterio jurisprudencial que favorecía al Instituto y perjudicaba los intereses de los derechohabientes que demandaron la nivelación, basado en una tesis aplicada en el ISSSTE que es federal. Salta a la vista que de un contexto federal se pasaron por arte de magia al ámbito estatal de la seguridad social, siendo que Sonora es un estado libre y soberano y que su propio Congreso ha legislado respecto al ISSSTESON, que es una entidad pública sujeta a la legislación estatal.
Al declararse convenientemente “incompetentes” los tribunales locales y pasar los casos a manos del tribunal federal, los derechos de los trabajadores sonorenses amparados por una ley estatal quedaron en estado de indefensión y la directiva del ISSSTESON se salió con la suya al no pagar pensiones conforme al criterio anterior. Esto se celebró como un triunfo que lograría ahorros al Instituto y le permitiría cumplir con los servicios de salud y seguridad social que tiene por misión. Hasta la fecha no se ha visto ninguna muestra de cumplimiento, mejora o progreso en la prestación de los servicios; tampoco se ha visto que se resuelva el daño patrimonial sufrido por el sáquelo a los fondos pensionarios, sobre todo en la administración anterior. Todo ha quedado en maniobras mediáticas donde el gobierno anuncia acuerdos entre sus propias dependencias para “resolver” el desfalco. ¿Alguien tiene dudas de que estamos en presencia de una simulación más, donde los culpables van a ser los trabajadores afectados?
Los universitarios han estado siendo hostigados, difamados, afectados en sus jubilaciones, golpeados en sus pensiones y amenazados de muerte en materia de ingresos que les permitan un retiro digno. Estamos ante una grave crisis de carácter humanitario, que bien debiera estar siendo motivo de movilizaciones de trabajadores y de ciudadanos solidarios que marquen un alto al abuso de la Junta Directiva de ISSSTESON al tomar un acuerdo que afecta a los trabajadores y sus familias porque reducen la pensión a menos del 30 por ciento. ¿Por qué la Junta Directiva del ISSSTESON toma un acuerdo que rebasa por mucho sus facultades? ¿Por qué desconoce el Contrato que se tiene firmado entre la UNISON y el Instituto?
La Universidad de Sonora es el objetivo en los ataques y la manipulación mediática que ha emprendido el tristemente célebre director del ISSSTESON. Lo que se espera es una acción concertada entre la administración universitaria, los sindicatos y la sociedad en su conjunto contra una medida vil y desproporcionada que violenta el estado de derecho y la paz social de Sonora. El saqueo al ISSSTESON perpetrado por el gobierno no debe ser pagado por los trabajadores ni mucho menos generar una crisis humanitaria de graves implicaciones.
Consideramos que el contrato de prestación de servicios firmado entre la UNISON y el ISSSTESON ha sido violado, se ha incumplido por parte del Instituto y el gobierno del Estado. Es de justicia reparar el daño causado y evitar las consecuencias perversas que la ligereza de la Junta Directiva del Instituto está ocasionando. Se impone la responsabilidad política y social del Poder Ejecutivo Estatal y del Poder Legislativo, quienes deben actuar en consecuencia. Urge un acto de civilidad por parte de la gobernadora… y se está tardando.
Contactanos!!!! 
