La bronca universitaria por venir
José Darío Arredondo López
“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles” (Concepción Arenal).
En medio de las complicadas negociaciones sindicales por las revisiones contractuales y salariales de diversas instituciones de educación superior en el país, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, “consideró que las universidades que se escudan en su autonomía para no ventilar actos de corrupción deben ser investigadas, y sus responsables perseguidos y castigados por la justicia” (https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/corrupcion-en-universidades-debe-investigarse-graue-3244124.html).
Tan importantes palabras, viniendo de donde vienen, nos ponen a pensar en la imperiosa necesidad de revisar a fondo el monto y destino de los recursos con que cuentan las universidades nacionales, donde tenemos algo así como “castas divinas” de funcionarios que no se conforman con un modesto y razonable complemento por las tareas y responsabilidades que asumen, sino que aspiran a alcanzar sus calenturas adolescentes de fama y fortuna a través de su empleo universitario, lo cual es, esencialmente, una fea y evidente contradicción si consideramos los fines y propósitos de la educación superior pública y autónoma. Es tan ridículo como aspirar al enriquecimiento personal mediante el servicio público en el gobierno federal, estatal o municipal, en el sistema judicial o en las tareas legislativas.
Aquí cabe recordar el discurso pronunciado por Benito Juárez ante la X Legislatura de Oaxaca, el 2 de julio de 1852, en la parte que dice: “bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio ni a la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”, quedando claro que quienes quieran “salir de pobres” de manera súbita y definitiva, deberán buscar por los rumbos de la iniciativa privada y no por el servicio público.
Desde luego que hay formas “legales” de torcerle los renglones a la sentencia juarista y hacerse de sueldos y prerrogativas propias de un gerente o director corporativo de alguna empresa transnacional, y burlar la necesaria política de austeridad a la que están obligadas las diversas instancias públicas, organismos descentralizados y entidades que reciban aportaciones o subsidios gubernamentales, como es el caso de quienes han solicitado amparos que mantengan su impunidad en los abusos, de cara a la política iniciada por el actual gobierno morenista y en franca oposición a hacer justicia a quienes con su trabajo hacen posible el funcionamiento cabal de las instituciones. En este punto, es inevitable referirnos a la Universidad de Sonora, en la que los sindicatos STAUS y STEUS se encuentran en el proceso de negociaciones con la administración, sin resultados significativos hasta el momento.
En el caso particular del sector académico, representado por el STAUS, hay reclamos que encajan en la lógica de la transparencia y el ajuste del gasto universitario a la nueva política de austeridad y, en congruencia, se demanda un programa que considere la disminución de los sueldos de la alta burocracia y la disminución de los puestos de confianza, habida cuenta que se tienen funcionarios que rebasan el sueldo mensual del Presidente de la República, como es el caso del Rector ($127,825.00), la Secretaria General Académica y la Secretaria General Administrativa ($110,729.00 cada una), mientras que el personal académico debe sujetarse al tope salarial del 3.35 por ciento de aumento y el 1.8 por ciento en prestaciones, lo que hace imposible la recuperación de la capacidad adquisitiva rezagada por aumentos salariales por debajo de la inflación. Cabe señalar que los altos cargos administrativos cobran salarios y prestaciones por encima de lo autorizado por la SEP, de acuerdo con información en poder del STAUS.
Si el dispendio y la inequidad en materia de salarios y prestaciones es un asunto grave, tenemos que agregar que el Gobierno del Estado no cumple cabalmente con la parte que le corresponde en el convenio de financiamiento a la UNISON de este año, al dejar de pagar 108 millones de pesos. El gobierno del Estado y el Federal aportan cada uno el 50 por ciento del total del subsidio que sostiene a la Institución universitaria, por lo que es esencial que cada una de las partes cumpla con sus aportaciones, cuestión que, como se ve, tiene sin cuidado a la señora gobernadora.
Hoy, por desgracia, la Máxima Casa de estudios de Sonora libra una batalla, en donde en uno de los frentes tiene al propio Gobierno del Estado y en el otro a la administración que debiera empeñarse en hacer la mejor de las gestiones en beneficio de la comunidad universitaria. Tenemos indolencia, autocomplacencia e irresponsabilidad como llagas supurantes que manchan la solemnidad y el respeto a lo que representa el Edificio Principal del Alma Mater. En este desierto donde es opresora la carencia de valores republicanos como la austeridad y la buena gestión de recursos en un marco de transparencia y rendición de cuentas, se levanta la voz del sindicalismo universitario reclamando justicia, respeto y diálogo. La huelga está emplazada para el martes 2 de abril, mientras que el reloj sigue su marcha inexorable hacia las redefiniciones institucionales.
En otro asunto: nos oponemos a la venta de los estadios y demás patrimonio de los sonorenses. No se debe lucrar con bienes públicos.
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