El jueves 28 de abril la rectora de la Universidad de Sonora, Dra. María Rita Plancarte Martínez, reconoció, frente a un grupo de académicos y académicas del STAUS, lo injusto que representa el pago millonario de finiquitos a exfuncionarios. (Clic para ver el video)
El caso a colación fue el pago de cuatro millones de pesos de finiquito al exrector Enrique Velázquez Contreras, sin embargo, otros exfuncionarios de la pasada administración aprovecharon también sus altos salarios para jubilarse en el puesto y así recibir finiquitos superiores a los dos millones de pesos, y en algunos casos cercanos a los tres y medio millones de pesos.
Esta cuestionable práctica, consistente en aprovechar los altos salarios de funcionarios para jubilarse o pensionarse, tiene ya tiempo; el caso más emblemático es el del exrector Heriberto Grijalva Monteverde, quien renunció a la Universidad de Sonora al momento de concluir su rectorado, solo para finiquitarse con el sueldo de rector, y tramitar posteriormente su pensión por vejez, una vez que cumpliera 55 años (al concluir su rectorado Grijalva no cumplía con los requisitos para jubilarse o pensionarse), asegurando con ello que el cálculo de su pensión se hiciera con el sueldo de rector. Grijalva declaró públicamente que renunciaba a la Universidad para que un investigador joven se pudiera incorporar a la Institución, buscando con ello ocultar lo inocultable.
No solo es una injusticia el salario y el finiquito que reciben, sino también la pensión que les otorga el ISSSTESON, Instituto de por sí ya saqueado y llevado a crisis. Pensiones entre los 80 y 100 mil pesos mensuales de estos exfuncionarios universitarios, le suman otro tanto al listado de pensionados de lujo. ¿Debería el ISSSTESON seguir pagando pensiones tan altas cuando no le alcanza ni para cumplir con sus obligaciones en materia de servicios de salud?
En el mismo evento del 28 de abril, la rectora Plancarte se quiso lavar las manos diciendo que la injusticia no la puso ella, y que además “ella no va a hacer eso”, refiriéndose a que no se finiquitará con el sueldo de rectora.
Efectivamente la Dra. Plancarte no es la autora de este injusto sistema, pero sí es continuadora y usufructuaria del mismo. Los altos salarios y prestaciones de la alta burocracia universitaria, así como, el resto de privilegios, entre los que incluye la colocación de parientes y amigos en puestos o plazas administrativas y académicas, se han disparado a partir de la Ley 4, principalmente por el poder que la Ley 4 le otorga a la rectoría y a la burocracia.
La Universidad de Sonora, siendo una institución pública está lejos de regirse con justicia, más bien las injusticias son lo que priva en nuestra alma mater. Así por ejemplo, mientras que cientos de profesores de asignatura tienen un salario integrado que no rebasa los dos salarios mínimos mensuales, algunos de ellos ni siquiera llegan a un salario mínimo, lo que les impide afiliarse al ISSSTESON, más de una decena de funcionarios universitarios tienen salarios más altos que el mismo Gobernador del Estado.
Es de sobra conocido que México es considerado uno de los países más desiguales en el mundo, situación que el actual gobierno federal está tratando de revertir a través de programas sociales; sin embargo, este esfuerzo no es parejo, pues instituciones como la Universidad de Sonora todavía siguen en el pasado, fomentando y promoviendo grupos privilegiados que viven con excesos a costa del pueblo.
¿Quién decide que esto siga así en la Universidad de Sonora? La misma burocracia universitaria y los órganos colegiados controlados por la misma burocracia. Aquí aplica el refrán “el que parte y reparte, se queda con la mejor parte”, y esto seguirá así hasta que no se cambie la Ley orgánica y se lleve a cabo un proceso de democratización con combate a la corrupción y transparencia en la Institución.
Precisamente para evitar que eso último ocurra, la rectoría y el Colegio Académico promueven un proyecto de reforma de la ley 4 que es solo una maquillada a la actual ley. Está en manos de la comunidad universitaria y el Congreso del Estado concretar un verdadero cambio de la Ley orgánica y con ello convertir a la Universidad de Sonora en una institución promotora del desarrollo regional con justicia.
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